Dictámenes a Discusión

De la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la Comisionada del Instituto Nacional de Migración a fin de que informe sobre los presuntos actos de corrupción en los que se han visto involucrados agentes de ese Instituto, así como las acciones que tiendan a evitar un probable contubernio entre el crimen organizado y funcionarios públicos adscritos a la dependencia.

Dictamen de  la Primera Comisión, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante la Primera Comisión, a la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, a fin de que informe sobre los presuntos actos de corrupción en los que se han visto involucrados agentes de ese Instituto.

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, fueron turnadas  Proposiciones con Punto de  Acuerdo relacionadas con la solicitud de comparecencia de la Comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo, presentadas por legisladores de diversos Grupos Parlamentarios.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de las Proposiciones a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES.

Las Proposiciones con Punto de Acuerdo que se citan en el proemio, fueron  presentadas en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 17 de junio de 2009, y turnadas para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión.

CONSIDERACIONES.

I.- Los Senadores María Elena Orantes López y Francisco Herrera León, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron propuesta con punto de acuerdo para que la Comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Cecilia Romero Castillo, comparezca ante esta soberanía por los actos de corrupción en los que se han visto involucrados funcionarios de esa institución, que ha provocado el crecimiento de redes de prostitución que operan principalmente en el sur del territorio mexicano.

Los SenadoresJosé Luis Máximo García Zalvidea, Ruben Velázquez López, Lázaro Mazón Alonso y Francisco Javier Castellón Fonseca, delGrupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron propuesta con punto de acuerdocon relación a la trata de personas y explotación sexual por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

Los suscritos integrantes de esta Primera Comisión estiman procedente puntualizar las peticiones contenidas en los Acuerdos de mérito que, a la letra, proponen:

a)   De los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita la comparecencia de la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, a fin de que explique los actos de corrupción en los que se han visto involucrados agentes de ese Instituto, así como las acciones para evitar que el contubernio entre el crimen organizado y funcionarios públicos adscritos a esa dependencia, sigan proveyendo de mujeres y niñas al mercado sexual en nuestro país y el extranjero.

b)   De los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática:

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión invita a la C. Cecilia Romero Castillo, Comisionada del Instituto Nacional de Migración a una reunión de trabajo con legisladores integrantes de la Primera Comisión, con el objeto de informar sobre el desempeño de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración en respeto a los derechos humanos, particularmente a los servidores públicos adscritos a la delegación en Yucatán, donde se evidenció una red dedicada a la trata de personas y explotación sexual de mujeres.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente, para que de conformidad a la materia de su competencia, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas atraiga y actúe sobre el caso de trata de personas y explotación sexual por parte de funcionarios de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración en Yucatán.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente para que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. José Luis Soberanes Fernández,  abra una investigación sobre el caso, y asista a las ciudadanas extranjeras que presentaron la denuncia penal.

II.- Esta Comisión Dictaminadora considera importante señalar que el  Instituto Nacional de Migración es un órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios migratorios, así como el ejercicio de la coordinación con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que concurren en la atención y solución de los asuntos relacionados con la materia.  Para el desarrollo de sus atribuciones, el Instituto contará con los servidores públicos que se requieran y el personal adscrito a la Unidad de Verificación y Vigilancia, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.

El Instituto Nacional de Migración ejercerá las facultades que, sobre asuntos migratorios, confieren a la Secretaría de Gobernación, la Ley General de Población y su Reglamento y las que de manera expresa le estén atribuidas por otras leyes y reglamentos, así como los decretos, acuerdos y demás disposiciones del Ejecutivo Federal.

A fin de alcanzar sus objetivos, el Instituto tiene las siguientes atribuciones: coordinar y orientar, con base en las instrucciones y lineamientos que expida el Secretario de Gobernación, la instrumentación de las políticas en materia migratoria; y tramitar y resolver sobre la internación, legal estancia y salida del país de los extranjeros, así como la cancelación, cuando el caso lo amerite, de las calidades migratorias otorgadas.

Hace unos días, se denunció una red de prostitución y de trata de personas que opera en Mérida, Yucatán, en la que presuntamente están involucrados agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en esa entidad, que no solo protegían a la red de tratantes, sino que además, eran clientes en los negocios donde se prostituyen a mujeres adolescentes.

Al respecto, dos jóvenes costarricenses fueron rescatadas de una casa de la colonia México Oriente de la ciudad de Mérida, en donde aseguraron estaban secuestradas y eran obligadas a prostituirse, luego de haber sido introducidas a México con engaños.

Cabe mencionar que después de haber sido rescatadas y trasladadas a la ciudad de México, en sus declaraciones ante la Subsecretaría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), involucraron al Delegado del Instituto Nacional de Migración en Mérida, Yucatán, Hernán Vega Burgos.

Autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), informaron que tras las indagatorias que iniciaron la Procuraduría de Justicia del Estado de Yucatán y la Procuraduría General de la República en contra del delegado de esta institución, Hernán Vega Burgos, por la presunta comisión de diversos delitos, el funcionario presentó su renuncia al cargo. El organismo informó que la determinación es de carácter personal y tiene el propósito de agilizar la investigación.

El INM se comprometió a actuar con estricto apego a derecho, además de que otorgará todas las facilidades necesarias a las autoridades competentes para que se esclarezcan los hechos a la brevedad. Asimismo, ratifico su compromiso de combatir la corrupción al interior de la institución cuando se demuestre que existen actos indebidos.

En el artículo 1 de la ley  para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, se establece que tiene por objeto la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior. Esta Ley se aplicará en todo el territorio nacional en materia del Fuero Federal.

La trata de personas es  un delito que viola los derechos humanos más fundamentales que repercute en cuestiones de estructura de los Estados, en el tejido social y económico, así como, en la organización de las sociedades.

Es un fenómeno sociodelictivo que, además de agudizarse paulatinamente por la globalización y el desarrollo tecnológico, ha generado una profunda preocupación internacional, pues en él convergen factores de carácter económico, social, migratorio, discriminatorio, de delincuencia organizada y de corrupción.

El término Trata se utilizó inicialmente alrededor del año 1900 para hacer referencia a la trata de blancas, que era la movilización de mujeres blancas provenientes de Europa, utilizadas como concubinas o prostitutas. El término trata de blancas entró en desuso, ya que, en este comercio se ven involucradas personas de diferentes culturas, razas y ubicación geográfica.

El delito de la trata de personas, no ocurre solamente al interior de los países, sino que en muchas de las ocasiones las víctimas son trasladadas de un país a otro, con la finalidad de ser explotadas, de ahí, la necesidad de la creación de instrumentos internacionales que propicien la cooperación entre naciones, a fin de suprimir este delito que va más allá de las fronteras.

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, en diciembre de 2000, ratificado por el Senado de la República el 22 de octubre de 2002.

En este instrumento internacional se dice que se entenderá por trata de personas la contratación, transporte, ocultamiento o recibo de personas, por medio de amenazas o del uso de la fuerza u otras formas de coacción, de secuestro, de fraude, de engaño, del abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de la entrega o percepción de pagos o de beneficios a fin de obtener el consentimiento de una persona que posea control sobre otra persona, con fines de explotación (Artículo 3a).

Por consiguiente, y en razón de existir concordancia entre las diferentes propuestas presentadas, la Comisión de Trabajo que dictamina considera obsequiar el exhorto que se refiere a la conveniencia de que se cite a comparecer a la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, Cecilia Romero Castillo, a fin de que explique los presuntos actos de corrupción en los que se han visto involucrados agentes de ese Instituto
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión somete a la consideración de la Comisión Permanente la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer ante la Primera Comisión, a la Comisionada del Instituto Nacional de Migración, a fin de que informe sobre los presuntos actos de corrupción en los que se han visto involucrados agentes de ese Instituto, así como las acciones que tiendan a evitar un probable contubernio entre el crimen organizado y funcionarios públicos adscritos a esa dependencia.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que de conformidad a la materia de su competencia, atraiga y actúe sobre el caso de trata de personas y explotación sexual por parte de funcionarios de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración en Yucatán.

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dr. José Luis Soberanes Fernández, asista en lo procedente a las ciudadanas extranjeras que presentaron la denuncia.

PRIMERA COMISION




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